Desde este sábado 5 de septiembre comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza el sistema vigente desde 1980.
Entre sus principales modificaciones establece que los adolescentes podrán ser imputados penalmente a partir de los 14 años.
La reforma introduce un régimen especial para adolescentes de entre 14 y 17 años, con sanciones y mecanismos diferenciados respecto del sistema penal para adultos.
El objetivo previsto por la normativa contempla, además de la responsabilidad por los delitos cometidos, medidas orientadas a la educación, resocialización e integración social.
Uno de los principales cambios es que no podrán aplicarse penas de prisión o reclusión perpetua a menores de edad.
La pena privativa de libertad tendrá un máximo de 15 años y se contempla la posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los requisitos establecidos.
La nueva normativa también incorpora medidas alternativas al encierro, entre ellas restricciones de acercamiento, reparación del daño, reglas de conducta, actividades educativas y comunitarias, amonestaciones y mecanismos de monitoreo electrónico.
Separados de los adultos
Los adolescentes privados de su libertad deberán permanecer en establecimientos especialmente acondicionados y con personal especializado, sin compartir espacios de detención con personas adultas.
También se mantiene la prohibición de difundir información o imágenes que permitan identificar a los menores involucrados.
La reforma amplía además la participación de las víctimas en los procesos judiciales y establece disposiciones relacionadas con la responsabilidad civil por los daños ocasionados.
La implementación abre ahora una nueva etapa para la Justicia juvenil argentina, con el desafío de adaptar infraestructura, personal especializado y procedimientos judiciales al nuevo sistema.
Fuente: Infobae
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